El Gobierno nacional impulsa un proyecto para bajar la ley de imputabilidad, con el objetivo de fijar la edad mínima de responsabilidad penal en los 13 años, por debajo del umbral actual de 16 años. Entiendo que esta propuesta se debe a que en los últimos tiempos han aumentado de manera alarmante los delitos graves cometidos por menores de edad, quienes no pueden ser juzgados y, por lo tanto salen, por la puerta giratoria.
Sin embargo, seguimos sin atacar las verdaderas raíces de este acuciante problema. Esos niños y adolescentes que delinquen y matan, no tienen nada que perder. Su vida no vale nada, y tampoco la del prójimo. Nosotros, el sistema, los gobiernos, la sociedad, los hemos dejado de lado, los hemos descartado; son seres desclasados. Los adultos no nos hemos ocupado de ellos. No terminan ni siquiera la escuela primaria; viven en la precariedad, carentes de afecto, de modelos, sin siquiera satisfacer sus necesidades básicas. No basta con atraparlos, juzgarlos y encarcelarlos cuando ya se convirtieron en precoces delincuentes, sino de evitar que lleguen a serlo.
Suena utópico, lo sé, y llevaría décadas este cambio de paradigma, pero en algún momento debemos empezar a ocuparnos responsablemente de ellos, y evitar que malgasten sus vidas y tronchen las de los demás.
Diario Clarín, 30/01/2026